LLAMADO ESPECIAL OMCT
Situación de los derechos humanos en Colombia durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2002.

El Secretariado Internacional de la OMCT se encuentra seriamente preocupado por la situación de los derechos humanos en Colombia y solicita la intervención urgente de la Comunidad Internacional, de organizaciones nacionales e internacionales y de personas individuales, frente a los frecuentes hechos de violación de los derechos humanos en el país.

La siguiente es una recopilación de los hechos más destacados relacionados con los derechos humanos o con la violación de los mismos en Colombia durante el primer semestre del 2002.  Es importante señalar que para conocer mayores detalles sobre las desapariciones forzadas, se pueden consultar los llamados urgentes de la OMCT, realizados en el momento de su conocimiento.

Ruptura de las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Desde la noche del 20 de febrero del 2002, cuando el Presidente  Andrés Pastrana anunció oficialmente el fin al proceso de paz iniciado en enero de 1999 con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se desató una escalada de actos de violencia entre los actores armados del conflicto, tanto regulares del ejército y la policía como irregulares de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC) y los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia  (AUC). 

Este periodo violento se fue recrudeciendo a medida que se acercaba la elección del nuevo Presidente de la República. Cabe destacar que una de las candidatas incritas oficialmente para optar por la Presidencia, la Sra. Ingrid Betancourt, se encuentra secuestrada junto con su secretaria la Sra. Clara Rojas desde el 23 de febrero del 2002. Ellas permanecen retenidas por la guerrilla de las FARC, que reclama a cambio la liberación y entrega de varios de sus detenidos en diferentes cárceles del país.

Asimismo, el 21 de abril del 2002, los Sres. :  Doctor Guillermo Gaviria Correa, Gobernador de Antioquia ;  Doctor Gilberto Echeverri Mejía, Consejero Departamental de Paz, y el sacerdote Carlos Yepes, capellán de la administración departamental, fueron secuestrados en el municipio de Caicedo por integrantes del Frente 34 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.  Ellos aún permanecen en manos de sus captores quienes han manifestado que sólo los entregarán cuando a cambio les entreguen varios de los miembros de su organización que se encuentran detenidos en cárceles colombianas.

Por otra parte, diversos estamentos lamentaron la ruptura de las conversaciones con las FARC, afirmando que el diálogo es el camino adecuado para lograr la paz ; el Secretario General de las Naciones Unidas Sr.  Kofi Annan manifestó que  « lamentaba profundamente la ruptura del diálogo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y reconocía los extraordinarios esfuerzos del Presidente Pastrana en la búsqueda de la paz durante los últimos cuatro años » ;  afirmando además que « las reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario y el secuestro de miles de Colombianos y otros, incluyendo niños, son inaceptables ».   

El Secretario General de la ONU instó a las FARC a que  « liberen a todos los secuestrados, incluyendo al ex gobernador Alan Jara, quien fue secuestrado (el año pasado) cuando se encontraba en un vehículo de las Naciones Unidas ».  Finalmente Annan hizo un llamado urgente a todos los actores armados para que  « respeten el derecho internacional humanitario y las vidas de los civiles, y que cesen la violencia en contra de los Colombianos »  pidiendo también que  « se adopten medidas especiales para proteger a la población civil en la antigua zona de despeje que está siendo retomada hoy por el ejército Colombiano », recordando que « la tolerancia hacia los grupos paramilitares, así como su rápida expansión, causan gran preocupación, ante lo cual se requiere que el Gobierno adopte medidas urgentes y efectivas para atacar este problema ». 

Mientras tanto, la crisis de derechos humanos en Colombia siguió creciendo y se teme que el ambiente creado tras el 11 de septiembre contribuya a agravarla. Según las denuncias, tanto el ejército como los paramilitares, así como los grupos armados de oposición, siguieron cometiendo graves violaciones y abusos contra los derechos humanos, en los cuales las  principales víctimas fueron los civiles.  Los datos estadísticos del año 2001 son escalofriantes:  más de 300 personas «desaparecidas», más de 4.000 (cuatro mil) civiles muertos al margen de los combates, la mayoría a manos de paramilitares, un sinnúmero de personas desplazadas y más de 1.700 (mil setecientos) secuestrados, principalmente por la guerrilla.

Diversas organizaciones civiles agrupadas en Iniciativas de Paz, tales como Redepaz, Paz Colombia, Mandato por la Paz, ONGs de Derechos  Humanos, organizaciones sociales como la Central Unitaria de Trabajadores - CUT, Organización Nacional Indígena - ONIC, las  comunidades negras, y otras, también lamentaron profundamente la ruptura de las conversaciones de paz.

Uno de los casos que puso en evidencia el recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores armados del conflicto fue la masacre de Bojayá en el Departamento del Chocó :  el 2 de mayo del 2002, en medio de una confrontación entre los paramilitares de las AUC y la guerrilla de las FARC, estas últimas lanzaron un cilindro de gas contra la iglesia del mencionado municipio causando la muerte de 119 civiles entre ellos cerca de 40 niños que buscaban protección en el mencionado recinto.

Esta masacre puso al descubierto la total desprotección de la población civil por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales, las cuales habían sido advertidas acerca de la presencia de actores armados en la región, y del inminente peligro de una confrontación armada, tal como en realidad sucedió.

Otros hechos violatorios de los derechos humanos, ocurridos en Colombia entre los meses de febrero y junio fueron:

- Muerte de tres civiles : el miércoles 20 de febrero del 2002, día de la ruptura de las conversaciones entre el gobierno y las FARC, los militares pusieron en acción su "Operación Tanathos", para recuperar los 42 mil kilómetros cuadrados de la zona en donde se realizaban dichos diálogos.  En menos de 24 horas la Fuerza Aérea Colombiana - FAC -, con aviones OV-10, A-37 y Mirage, realizó más de 200 vuelos, bombardeando sitios ubicados en el enclave guerrillero del Putumayo, sur oriente de Colombia.  El mismo comandante de  la FAC, general Héctor Fabio Velasco, confirmó la muerte de tres civiles - dos niños y un adulto - en San Juan de Lozada, vereda El Rubí, cerca a La Macarena (Meta), sitio ubicado a 15 kilómetros de un sitio de bombardeo.

- Retención de misioneros : En Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, fue retenido por paramilitares el grupo misionero Interfranciscano, conformado por : Brendan Forde, sacerdote irlandés con dos años de trabajo en Colombia, Duvan Tabarquino, Hermano Franciscano, Gabriela Montoya, Lucía Ortíz  y  Luz Helena Restrepo, Religiosas Terciarias Capuchinas. Con ellos se encontraban también la cooperante alemana Grudrun Kern y el joven Mauro Sastoque, miembro de las comunidades cristianas de Bogotá. Luego de intensos interrogatorios y acusaciones de terrorismo, fueron dejados en libertad, en medio de serias dificultades y temores para ejercer su labor evangelizadora.

- Desaparición y asesinato de civiles, y actividad paramilitar en Jamundí (Valle del Cauca) : Los habitantes de este municipio, padecen una grave situación de seguridad desde el 1° de febrero de 2002, ya que miembros del grupo paramilitar autodenominado Bloque Calima, hacen presencia permanente en los corregimientos de Ampudia, Villacolombia y La Liberia, lugares en los fueron desaparecidas, entre el 1° y el 5 de febrero, cerca de 20 personas, de las cuales han aparecido  los cuerpos de cinco de ellas flotando en el río, aunque los paramilitares han impedido su sepultura. 

El 11 de febrero del 2002, los paramilitares se desplazararon también hacia el corregimiento de San Antonio, procediendo a llevarse a algunas personas que aun no han regresado. Según las denuncias, este grupo de paramilitares secuestró a varias familias del corregimiento acusándolas de ser familiares de guerrilleros;  los tienen encerrados en algunas casas, o en sus campamentos, o en la Cooperativa de Cafeteros.  Al mismo tiempo, impiden el desplazamiento normal de los habitantes y el ingreso de alimentos. A los habitantes de las veredas Bellavista (en la cual vive una comunidad indígena) y El Cedro, les está prohibida la salida, se les acusa de ser guerrilleros, y se les amenaza con un juicio de responsabilidades. 

La Alcaldesa Dra. Flor María Ceballos, y el Personero municipal, conocieron directamente esta situación durante los primeros días del mes de febrero, pero, al parecer, no emprendieron ninguna acción en defensa de la comunidad y de las víctimas de este grupo armado.  Se debe destacar además, que en el Municipio de Jamundí, zona de Alfaguara, existe una base militar, además de la presencia de la Policía militar contraguerrilla y la policía metropolitana, pero a pesar de ello no hay operativos contundentes para contrarrestar las acciones criminales de estos grupos armados. 

- Incursión en el casco urbano del municipio de El Tarra :  El 16 de abril de 2002, a las 8:00 p.m.,  grupos paramilitares fuertemente armados incursionaron en el casco urbano del municipio de El Tarra, región del Catatumbo, Norte de Santander.  A las 10 p.m de este día nuestra institución no ha logrado confirmar si existen personas heridas o muertas por esta incursión.  La información de habitantes de El Tarra preocupa dado que se escuchan disparos, gritos y llamados de auxilio, especialmente de los barrios 1 de enero y el Tarrita.

Pese a los llamados de alerta temprana, realizados por las autoridades del municipio de el Tarra, y de organizaciones de derechos humanos, el Gobierno Nacional y departamental, asi como las Fuerzas militares, a nivel regional, no realizaron ninguna acción preventiva para detener la acción de los grupos paramilitares, que desde el 15 de abril avanzaban por la carretera que conduce del corregimiento de El Aserrio hacia el Tarra.  

Las acciones de estos grupos contra los corregimientos de El Aserrio, La Cecilia, la Válvula, el Paso,  Bellavista,  de los municipios de Teorama y El Tarra, obligaron a miles de campesinos a abandonar sus veredas y pueblos para proteger sus vidas.

Antecedentes:

El día 15 de abril del 2002, se realizaron alertas tempranas sobre la situación por parte de pobladores afectados que indicaron que por lo menos 200 paramilitares fuertemente armados y con uniforme camuflado y quienes  llevaban en sus filas hombres de civil, se había  tomado la carretera y los poblados,  ubicados en la carretera que conduce de El Aserrio (Teorama) hasta el Paso (El Tarra).  Estos grupos incluso realizaron retenes durante largo tiempo e impidieron el paso de vehículos.  Estos hechos sucedieron  pese a que en el corregimiento de San Pablo, a escasos 5 minutos, están ubicadas unidades del  Ejército Nacional, Batallón Especial Energético Víal No.10, datos confirmados por teléfono, con el Mayor Muñoz adscrito a este Batallón. 

- Grave situación en Arauca : en el Departamento de Arauca se realizó una movilización y un paro cívico para exigir la presencia de altos funcionarios del gobierno nacional y de la ONU, para denunciar la grave violación a los dd.hh en la región, producto de las acciones paramilitares, así como la pretensión del ejército nacional de construir en Puerto Gaitán una base protegida por patrullas móviles contra-guerrilla de los batallones adscritos a las brigadas 18 de Arauca y 16 de Casanare.

También en el mismo departamento, se destacan los siguientes hechos violatorios de los derechos humanos : el ensañamiento sicológico contra la población de Tame, a nombre de los paramilitares de Puerto Gaitán, a través de llamadas telefónicas y otros métodos violentos;  los numerosos asesinatos selectivos por parte de los paramilitares, como el asesinato del dirigente campesino Ángel Trífilo Riveros Chaparro, testigo presencial de una masacre causada por la Fuerza Aérea colombiana, y delegado oficial al Tribunal Internacional de Opinión realizado en Chicago, asesinado poco después de un patrullaje del ejército y de la policía;  las declaraciones de guerra y "limpieza" anunciadas por el general Martín Orlando Carreño Sandoval, comandante de la segunda división del ejercito nacional, y cuyos efectos se manifiestan en la agresividad y hostilidad de algunos de los efectivos militares contra la población civil;  el veto que se quiere imponer a las Organizaciones Sociales para impedir las denuncias y pronunciamientos públicos, así como la dilación y manipulación que el gobierno nacional ha dado a la comisión interinstitucional, con el propósito de perpetuar la impunidad.
 
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, a través de su director Anders Kompass expresó a los habitantes del Departamento de Arauca su profunda preocupación por el nivel de agudización del conflicto armado que afecta a la región, y en particular al municipio de Tame.  La oficina condenó la violación a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario que constituyen las masacres, los homicidios, las amenazas de muerte y los desplazamientos forzados que han afectado a la población civil del departamento de Arauca. 

Al mismo tiempo la mencionada oficina recordó que es responsabilidad del Estado y de sus instituciones prevenir e investigar estos hechos y dar seguimiento a las alertas que ha estado transmitiendo sobre la necesidad de adoptar medidas para proteger a la población civil frente a las acciones de los grupos armados.  La oficina reafirmó su compromiso de atención y seguimiento a la situación del departamento de Arauca, y que mantendrá e intensificará su tarea de monitoreo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de acuerdo con su mandato y en solidaridad con la población araucana.

Situación de los defensores de los Derechos Humanos:  

Por otra parte, durante el primer semestre del año 2002, se destaca la situación cada vez más insegura para los defensores de los derechos humanos, en particular los líderes sindicales y en general de todos los sindicalistas, quienes encuentran muchas dificultades, particularmente de seguridad y peligro, para ejercer su trabajo  (ver Colombia Llamado Especial del Observatorio:  enero-febrero; marzo; abril – mayo,  y  junio 2002).  

A este respecto, el abogado Alirio Uribe Muñoz, miembro del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, denunció en París que en Colombia hubo durante los últimos tres años 10.000 muertos, un millón de desplazados, 12 asesinatos políticos por día, más de 10.000 secuestros, y que después del asesinato del arzobispo de Cali, Isaías Duarte, ocurrido el 16 de marzo del 2002, la situación puede aún empeorar según el destacado abogado, conciente de que al regresar a Colombia continuará gravemente amenazado.  

El abogado recordó que el candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez impulsó en el pasado las comunidades de seguridad  “Convivir”, proclives al paramilitarismo, y antecedente de la opción militarista apoyada hoy por Estados Unidos a través del “Plan Colombia”.

- Presencia de militares de los Estados Unidos en Colombia :  Existe gran preocupación por la presencia de militares norteamericanos en Colombia, particularmente en la antigua zona de distensión en la que se adelantaron las conversaciones de paz entre el gobierno y los insurgentes de las FARC.

- Situación en las cárceles : De otro lado la situación de los presos en las cárceles colombianas es calificada por organismos de Naciones Unidas como « un infierno ».  Se denunció que a algunos detenidos se les ata de manos y pies con esposas metálicas y cadenas, o se les aplican gases que enceguecen transitoriamente, prácticas violatorias de la dignidad inherente al ser humano. Dichas prácticas implementadas por el INPEC fueron rechazada enérgicamente por la comisión de las Naciones Unidas que llevó a cabo la visita.

- El 15 de abril de 2002 se llevó a cabo el desalojo violento de las mujeres detenidas en la Cárcel del Buen Pastor, en Bogotá, con gases lacrimógenos, golpes brutales, y amedrentamiento por medio de disparos de arma de fuego ;  esta situación se prolongó durante más de 8 horas.  Se ha informado que las internas, en particular quienes son miembros de la comisión de derechos humanos, solo querían entrevistarse con la nueva directora del penal para exponerle su pliego de peticiones para obtener algunas mejoras en su situación.

Situación en penal de Barranquilla :  Los internos denuncian la corrupción y violación de los Derechos Humanos por parte de la administración del penal, en donde no se han podido estabilizar las Mesas de Trabajo debido a que, una vez son elegidos sus miembros, estos son trasladados a otras cárceles del país o simplemente no son reconocidos por la Administración, negándoles los medios necesarios para realizar sus actividades. La principal petición de los internos es la renuncia de la Directora Adriana Raish Perna.

Situación de los desplazados : 
 
En Bucaramanga : durante los últimos 6 meses  han llegado más de 50 familias desplazadas por la violencia, que incluyen cerca de 100 niños y que se encuentran refugiadas en las instalaciones de la antigua cárcel de mujeres de la ciudad, en condiciones absolutamente precarias, ya que las características de la construcción no son adecuadas para vivienda.  Durante su estadía en la ciudad de Bucaramanga han sido víctimas de innumerables hostigamientos, algunos de ellos por parte de la fuerza pública y otros por grupos paramilitares. 

En el mes de febrero recibieron un comunicado por parte de las AUC instándolos a salir de la ciudad, además de la permanente amenaza de allanamientos y capturas por parte de la fuerza  pública, amenazas que se cumplieron en el mismo mes con la captura de tres miembros de la comunidad, sindicados a través de los medios masivos de comunicación como terroristas, lo que pone en riesgo la seguridad de toda la comunidad conocida con el nombre de Hacia la Paz.  Son constantes los seguimientos y la vigilancia al albergue por parte de desconocidos que infunden la zozobra a toda la comunidad.

- De otra parte, el grupo de desplazados de Medellín está creciendo desde que FARC, ELN y las AUC trasladaron sus combates a los barrios de la ciudad.  Las estadísticas de la Secretaría de Gobierno de Medellín lo confirman: 515 asesinatos en los dos primeros meses del año.  Según Carlos Iván Lopera, director de Redepaz en Medellín :  « Diariamente hay homicidios, pero la gente no denuncia por miedo ».  Para los organismos de derechos humanos la situación de los habitantes de los barrios populares es insoportable porque los grupos armados han establecido sus propios manuales de comportamiento. ‘Se están limitando el derecho a la libre circulación, a la libre expresión, a la diversión nocturna’.

- Por ejemplo, al Sr.   Hugo Morales, habitante de la vereda Juanes, del municipio de San Carlos (Antioquia), lo asesinaron el martes 5 de marzo del 2002.  Los responsables dijeron ser de las FARC.  Al día siguiente derribaron dos torres de energía y asesinaron a tres personas más.  Esta situación fue denunciada por los labriegos de las veredas Juanes y Peñol Grande donde las FARC anunciaron ‘una guerra a muerte’.  ‘Cuando mataron a tres personas, secuestraron a cuatro más, y establecieron un plazo de tres días para desocupar, argumentando la proximidad de una base militar.  El viernes 8 de marzo comenzó el éxodo de Juanes y Peñol Grande.  Al día siguiente lo hicieron los vecinos de Santa Bárbara, Cañofístol y La Norcasia.  En total son 324 desplazados que vienen a engrosar los grupos de desplazados en Medellín y otras ciudades.

La ONU y el conflicto en Antioquia : Se anunció que en poco tiempo comenzará la atención al público de la suboficina regional del delegado de la ONU para los Derechos humanos en Colombia, Anders Kompass.  Al igual que con la oficina nacional, la sede de Medellín - que cubrirá a Antioquia y Chocó - recibirá quejas de personas o grupos sobre violación de los derechos humanos.

Grave situación de comunidades indígenas : 

El 9 de abril del 2002, a la 1h20 de la tarde, en la comunidad indígena de Sipirra, Resguardo Indígena de Cañamomo-Lomaprieta en Riosucio, fue asesinada la conocida indígena Embera Chami, María Fabiola Largo Cano, a manos de grupos paramilitares quienes desde el mes de mayo del 2001 se encuentran asentados en los territorios indígenas del departamento de Caldas y que siembran el terror y la zozobra entre los pobladores de la región.  Los sicarios propinaron varios impactos de arma de fuego contra  María Fabiola  Largo Cano y también atentaron e hirieron gravemente al Ex-gobernador Indígena del Resguardo Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, Sr.  Miguel Antonio Largo Pescador.  Este grave hecho se suma a los constantes hostigamientos, amenazas y atentados realizados por los grupos paramilitares en contra de la población indígena de Caldas y los miembros del CRIDEC, y pone en evidencia el plan de exterminio de las Autodefensas Unidas de Colombia en contra de la dirigencia indígena de Riosucio. 

Desde el mes de mayo de 2001, miembros de las AUC ingresaron a la zona, amenazaron y desplazaron a un gran número de familias indígenas de la comunidad El Salado. En noviembre del mismo año, fueron asesinados por los paramilitares otros 7 indígenas, entre ellos un Ex gobernador del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta, hecho que desencadenó el desplazamiento de un centenar de familias. En febrero del 2002, las AUC amenazaron de muerte mediante letreros y el envío de un sufragio, al Gobernador Gabriel Angel Cartagena, del Resguardo Cañamomo Lomaprieta y exigieron la renuncia del indígena Oscar Aníbal Largo de su candidatura al Senado. 

- De otra parte, los indígenas Degilio Matoma, Aquimio Oyola y Roque Oyola, tres conocidos militantes del Partido Comunista Colombiano fueron  secuestrados el martes 23 de abril del 2002 en el  municipio de Coyaima, departamento del Tolima por hombres presuntamente paramilitares, quienes actúan en la región sin que, al parecer, la policía y/o las Fuerzas Armadas hagan algo por impedir sus actividades según reiteradas denuncias de la comunidad.

- El 4 de marzo del 2002 fue asesinado el Sr.  Samuel Fernández Dizú, exgobernador indígena del resguardo Las Delicias, municipio de Buenos Aires, casado y padre de 5 hijos, entre ellos 2 menores de edad. El hecho ocurrió en el casco urbano de Santander de Quilichao, al parecer por paramilitares que operan a plena luz del día, sin que las autoridades hagan nada para impedirlo. 

Situación de los derechos humanos en la Región del Valle del río Cimitarra :  en los municipios de Yondó y Remedios (departamento de Antioquia) y Cantagallo y San Pablo (departamento de Bolívar), se corrobora fácilmente la connivencia entre los grupos denominados AUC, la fuerza pública y las autoridades locales, quienes han desplegado un cerco militar y paramilitar en la región del Valle del río Cimitarra. Los retenes y puestos de control de las AUC se encuentran a escasos minutos de bases militares . El jueves 4 de abril en el municipio de Yondó, en la Marranera, fue retenida la presidente de la junta de acción comunal de la vereda Puerto Matilde y reconocida dirigente, Sra.  Nelsy Gabriela Cuesta Córdoba, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en las aguas del río Magdalena, a la altura de La Rompida.

- El 18 de mayo del 2002 fueron asesinados 15 campesinos y amenazadas 120 familias, en una incursión paramilitar adelantada por más de 100 hombres vestidos con prendas militares y con distintivos de las AUC, quienes incursionaron en los corregimientos de San Juan Ité y La Congoja del municipio de Yondó, departamento de Antioquia.

Graves problemas de orden público en Nariño : el gobernador de Nariño Parmenio Cuellar Bastidas lanzó un S. O. S a los organismos internacionales para que sirvan de facilitadores en los graves problemas de orden público que se registraron en los municipios de San Pablo, Génova y La Cruz, los cuales dejaron un número indeterminado de muertos y heridos.  Según los informes “La guerrilla ha atacado con cilindros de gas - armas no convencionales -, distintos puntos del municipio La Cruz, los cuales han afectado la iglesia, el puesto de salud y centros de educación primaria.  Este hecho atenta contra los derechos humanos y compromete a los organismos internacionales que trabajan en la materia, para que se conviertan en facilitadores que permitan conjurar esta situación”.
 
Investigación sobre la masacre de Bojayá : Frente a la grave crisis humanitaria que viven las comunidades afrocolombianas, indígenas y mestizas de Chocó, ubicadas en la costa pacífica, la cuenca del río Baudó, la cuenca del río San Juan, la cuenca del alto, medio y bajo Atrato, a raíz de la incursión de las AUC y de los crudos enfrentamientos con las FARC, es prioritario apoyar el trabajo de la Misión de investigación sobre los hechos de los Municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, que adelanta la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que se esclarezcan los hechos ocurridos, a fin de establecer responsabilidades, por acción u omisión, y hacer recomendaciones sobre la reparación moral de las víctimas y sus familiares.  Como la Diócesis de Quibdó lo afirmó en la denuncia del 6 de Mayo, se responsabiliza a las FARC de esta tragedia contra la población civil, en la que murieron 119 personas, por su gravísima infracción al DIH;  a los paramilitares, al tomar a la población civil como escudo, y al Estado colombiano por el olvido al cual tiene sometidas a estas poblaciones sumidas en la miseria y por su omisión para evitar oportunamente esta tragedia. 

Dificultades de la misión médica para trabajar en Colombia: En algunas zonas de enfrentamiento armado, el personal sanitario ha sido declarado objetivo militar por cumplir con el deber impuesto por las normas del derecho internacional humanitario y por los principios humanitarios, como es el de atender a combatientes heridos sin discriminación alguna y, cuando lo han hecho, en ocasiones han sido judicializados por esta razón;  estos hechos han provocado que la misión médica en Colombia ponga en duda su característica esencial,  la NEUTRALIDAD.

Existen amenazas contra el personal médico del Hospital Local de Curillo Caquetá, por miembros de grupos paramilitares.  El 18 de abril de 2002 fue asesinado por grupos paramilitares de las AUC, el Sr.  Jhon Fredy Marín, quien laboraba como enfermero (vacunador) en el  Hospital Local de Curillo en el departamento del Caquetá. 

Críticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos a las políticas contra el paramilitarismo : “Aunque el Departamento de Estado [de Estados Unidos] destacó ampliamente los avances del Gobierno y los militares en el combate contra el paramilitarismo, volvió a criticar los nexos aún presentes entre algunos miembros de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, catalogando como pobre el desempeño del gobierno colombiano en materia de Derechos Humanos.  El informe de finales de febrero del 2002 menciona también que los militares fallaron a la hora de prevenir las masacres a pesar de estar informados sobre su inminencia pero reconoce que, de acuerdo con los militares, muchas veces no se actuó por falta de recursos.  Cita los casos de Chengue, Alto de Naya y varias incursiones a la comunidad de paz en San José de Apartadó, entre otras, donde se investiga la participación u omisión de los militares. También destaca la buena disposición de las Fuerzas de Seguridad a la hora de colaborar con la justicia civil (la trasferencia de 66 casos a esta cortes) y las destituciones de más de 600 de sus miembros por presuntas violaciones de DD.HH. Pero advierte que, por lo general, los casos afectaron a militares de ‘bajo rango’.

Fallo en favor del General Millán: La Procuraduría archivó la investigación que adelantaba contra el general Fernando Millán Perez, quien estaba acusado de omisión en la muerte de varias personas de Lebrija (Santander) a manos de miembros de una Convivir. El Ministerio Público estableció que Millán, en calidad de comandante de la V Brigada de Bucaramanga, sí tomo las medidas para combatir a los integrantes de esa cooperativa de seguridad.

Amenazas y ataques contra autoridades : Renuncian Alcalde y Concejales de Barbosa : Una comisión interinstitucional, conformada en Bucaramanga, asumirá el 16 de marzo del 2002 el análisis de la crisis de Barbosa, donde ayer el alcalde, Carlos Cortés Téllez, y nueve de los trece concejales renunciaron, a menos de doce horas del asesinato del concejal Humberto Correa Loaiza, por parte de presuntos paramilitares.  Fuentes oficiales informaron que Correa fue asesinado el jueves a las cuatro de la tarde, cuando dos ‘paras’ que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones.  El Sr.  Correa, como el resto de concejales y funcionarios de la Administración, venía recibiendo amenazas de las autodefensas desde el año pasado. 

- Asesinato de un juez :  “El juez promiscuo municipal de Morales (Bolívar), Roberto Carballo Herrera, fue asesinado ayer por sicarios cuando regresaba de Cartagena a su sitio de trabajo.  El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Carlos Enrique Marín Vélez, repudió el hecho y lo calificó de lamentable. El funcionario exigió una investigación ágil y eficaz para esclarecer el homicidio del juez.”

- A indagatoria el Contralmirante Rodrigo Quiñonez por la masacre de Chengue : El Contralmirante Rodrigo Quiñónez Cárdenas, ex comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, fue llamado ayer a indagatoria por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el delito de omisión, en hechos relacionados con la masacre perpetrada en el caserío de Chengue (Sucre).  El ente investigador trata de establecer si el mencionado oficial no hizo lo que estaba a su alcance para evitar que unos 80 paramilitares asesinaran a 27 campesinos de Chengue en las primeras horas del 17 de enero del año anterior.   La Fiscalía también vinculó a la investigación penal a los suboficiales de la Armada Rubén Darío Rojas Bolívar y Euclides Rafael Bossa Mendoza. Este último fue llamado a juicio por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos.

- Asesinan a Secretario de Gobierno : A orillas del río Atrato, las autoridades encontraron el cadáver del secretario de Gobierno de Murindó (Chocó), Sr.  Arnobio Quejada.  Un grupo de guerrilleros de la Farc se lo había llevado el 9 de marzo del 2002 a las 7 de la noche en vísperas de elecciones, y el lunes llamaron para que buscaran su cadáver.  

- Bloqueo a municipios de  San Luis  y  a  San Carlos :  Con los negocios cerrados y las calles vacías, se encontraba el municipio de San Luis, Oriente antioqueño, luego de que el frente 9, de las Farc, y el Carlos Alirio Buitrago, del Eln, ‘prohibieron’ la salida e ingreso de vehículos y personas a la localidad.  Horas antes de esta situación, el alcalde de San Luis había denunciado que las Autodefensas del Magdalena Medio tenían asediado a su municipio Las autoridades en la región expresaron su preocupación por el recrudecimiento del conflicto que en los meses de enero y febrero del 2002 ha cobrado la vida de cerca de 40 personas en asesinatos selectivos.

- Población de San José de Apartadó :  Según los informes, paramilitares armados han bloqueado la carretera para impedir el acceso a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Han asesinado a tres conductores de autobus e impedido entrar o salir de la Comunidad a todos los autobuses y vehículos de mercancías. La Comunidad de Paz está en la ladera de una montaña, y está unida por carretera a la localidad de Apartadó. Por lo general, tanto las mercancías como los pasajeros se trasladan entre Apartadó y la Comunidad de Paz en autobuses públicos. Los informes indican además que los trabajadores de la salud no han podido llegar a la Comunidad de Paz, y ha habido que llevar a los enfermos hasta Apartadó en mulas. Sigue sin conocerse el paradero del Sr.  Eulises Trejo, secuestrado el 30 de marzo del 2002.

Elección del Sr.  Alvaro Uribe Vélez como nuevo Presidente de Colombia:

El Sr.  Alvaro Uribe Vélez fue elegido como nuevo presidente de la República el 26 de mayo del 2002, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.  El ejercicio de su mandato comenzará el 7 de agosto del 2002.  Durante su campaña, el Dr.  Uribe Vélez manifestó la necesidad de llevar a cabo varias políticas en materia de Derechos Humanos que preocupan a las organizaciones tanto nacionales como Internacionales de derechos humanos.  Una de ellas, la de armar a un millón de personas creando una nueva versión de Autodefensas, anteriormente ya había implantado este mecanismo de defensa contra la subversión en el Departamento de Antioquia cuando era gobernador del mismo, preocupa mucho a la Comunidad Nacional, ya que en ese entonces, las Autodefensas pasaron a engrosar las filas de los grupos paramilitares, incluyendo en su acción innumerables violaciones de los derechos humanos particularmente entre la población civil.

Colombia ratifica su adhesión a la Corte Penal Internacional.

El pasado 5 de junio del 2002, el Presidente de Colombia ratificó su adhesión a la Corte Penal Internacional Colombia dio así un primer paso para socavar la impunidad de los actos de  barbarie producto de la confrontación armada. En un hecho sin precedentes, el Gobierno colombiano sancionó la ley que aprueba la incorporación a la legislación  interna del Estatuto de Roma y se convirtió en el país número 68 en adherir  a la Corte Penal Internacional.

Con esta sanción, y después de que la Corte Constitucional ejerza el  control previo, Colombia hará parte de los más de 60 países del mundo que aceptan una jurisdicción penal internacional para investigar y juzgar  crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión que  atenten gravemente contra el Derecho Internacional Humanitario.

El Presidente Andrés Pastrana manifestó durante el acto de adhesión al estatuto que « Hoy la sociedad colombiana y el mundo entero a través de la Corte Penal  Internacional están en pie para decir a toda clase de violentos que nada  justifica atentar contra otro ser humano »'.

“Es una advertencia para los violentos, estén donde estén, llámense guerrilleros o autodefensas, o incluso si, por desviaciones de su misión,  forman parte de la Fuerza Pública o de las autoridades civiles del Estado.  No importa qué uniforme o ideología porten. Cualquiera que insista en  atacar la población civil y en obrar por fuera del DIH será capturado,  juzgado y condenado”.

Inclusión de las AUC y de las FARC en la lista de organizaciones terroristas en el mundo.
	
Las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) fueron incluidas, en el mes de mayo, en la lista de organizaciones terroristas por el departamento de Estado de los Estados Unidos y por la Comunidad Europea.

También las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron incluidas en el mes de junio, en la lista de organizaciones terroristas, después de varias conversaciones y de una primera duda sobre su inclusión, por parte de la Comunidad Europea. 

Declaración de la Sra.  Mary Robinson sobre el Colectivo (defensores).

El 24 de junio del 2002, la La Sra.  Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó el 24 de junio del 2002 su profunda preocupación por el aumento del hostigamiento y de la violencia contra los defensores de derechos humanos y se mostró muy preocupada por las reiteradas amenazas de muerte contra los miembros del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, así como por las acusaciones que han surgido en los últimos días contra algunos de sus miembros, las cuales los ponen en la mira de los violentos (ver Llamado Especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia, junio del 2002 del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos).

Teniendo en cuenta todos los graves hechos arriba mencionados, la OMCT comparte la preocupación de las organizaciones de derechos humanos por las contínuas y graves agresiones de que viene siendo víctima la población civil, y condena los nuevos hechos de extrema violencia, la persecución contra la población civil, la aparente impunidad de los autores y la omisión de medidas efectivas de protección por parte de las autoridades municipales, gubernamentales y nacionales para prevenir estos hechos que ya han sido anunciados por medio de contínuas amenazas.

Acciones solicitadas:

Favor escribir a las autoridades Colombianas urgiéndolas a :

i.	tomar de inmediato las medidas necesarias para localizar el paradero de las personas desaparecidas arriba mencionadas y garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica ;

ii.	tomar de manera urgente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la población civil en particular la de las poblaciones arriba mencionadas;

iii.	ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba mencionados con el objeto de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iv.	dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ;

v.	garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.

Direcciones: 

•	S.E.  Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santafé de Bogotá. Fax: (+57 1) 566 20 71  e-mail : apastra@presidencia.gov.co
•	Consejería Presidencial de Derechos Humanos,  Calle 7 n°. 6-54 Piso 3, Santafé de Bogotá, D. C.  Fax: (+57 1) 337 13 51  
•	Doctor Gustavo Bell Lemus, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santafé de Bogotá.  Fax:  (+57 1) 222 18 74 ;  e-mail :  siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
•	Doctor  Armando Estrada Villa, Ministro del Interior,  Cra. 8 n°. 8-09 Santa Fe de Bogotá, Santafé de Bogotá. Fax:  (+57 1) 286 80 25 ;  e-mail:  mininterior@myrealbox.com ; minisint@col1.telecom.com.co 
•	Doctor  Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 n°. 15-80,Santa Fe de Bogotá.Fax: (+57 1) 342 97 23;(+57 1) 281 75 31 ;  e-mail : reygon@procuraduria.gov.co ; anticorrupcion@presidencia.gov.co
•	Doctor  Luis Camilo Osorio,  Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santafé de Bogotá.  Fax:  (+57 1) 570 20 00 ;  contacto@fiscalia.gov.co ;  denuncie@fiscalia.gov.co
•	 Doctor  Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá.  Fax:  (+ 57 1) 640 04 91  e-mail :  secretaria_privada@hotmail.com
•	General  Fernando Tapias Stahelin, Comandante de las Fuerzas Militares, Avenida el Dorado con Cra. 52, Santafé de Bogotá. Fax: (+57 1) 222 29 35 ;  e-mail :  siden@mindefensa.gov.co ;  pilaque@cgm.mil.co

- Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países

Ginebra, 23 de julio del 2002
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.